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INFORME DEL FORO No. 003-17

"INCONSTITUCIONAL USO DE LA JUSTICIA MILITAR"

El FORO MILITAR VENEZOLANO, en cumplimiento de sus propuestas consideradas en sus fines sociales e institucionales, de proporcionar orientación y asesoría técnica, tanto al colectivo profesional militar como a los entes gubernamentales, políticos y académicos, que los organizan, dirigen y orientan su actuar social; publicamos hoy un nuevo acuerdo apreciativo, considerando el avance de la gravedad de la situación política y social del país, donde lamentablemente, la Institución militar sigue siendo el factor de mayor incidencia en el problema, al ser usada la FAN como órgano represor de una manifestación de descontento nacional.

En esta oportunidad, enfocaremos una situación que consideramos de las más graves, entendiendo que han convergido en ella, elementos de la ortodoxia y práctica operacional, confundidas con lo jurídico.

No es un tema nuevo, que se ha criticado desde hace tiempo, sin lograr clarificar los equívocos, a pesar de obtener entendimientos aparentemente claros. Es el caso del conflicto galimatico surgido de la aplicación de la justicia militar para resolver la especificidad jurídica del empleo de la GN en el rechazo de las manifestaciones populares. Un rechazo que ha sido desmedido y desequilibrado con el empleo de la GN y la PN en una operación que desarrolla un llamado "Plan Zamora", que es un ejercicio militar, fuera de toda lógica civil y constitucional, para rechazar las manifestaciones pacíficas amparadas en el artículo 68 de la Constitución.

Sin dudas, es inconstitucional el uso de la Justicia Militar para penalizar supuestos delitos cometidos por ciudadanos en las manifestaciones, toda vez que inciden varios factores o consideraciones que lo impiden, una, que conforme a lo establecido en el artículo 261 de la CRBV, los tribunales militares solo tienen competencia para juzgar delitos de naturaleza militar; que aunque no es fácil entender la naturaleza del delito militar, sería imposible calificar de militares las posibles transgresiones en que puedan incurrir alguno de los sujetos activos en las manifestaciones, tanto los manifestantes como los represores.

En segundo lugar, que conforme al contenido del artículo 332 de la Constitución, "…los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil…". En este caso, cuando el GN actúa en funciones de Orden Público, no lo hace con su carácter de funcionario militar, sino como funcionario de seguridad ciudadana, ya que su condición personal no involucra la función que cumple, por cuanto en ningún caso lo ampara fuero especial alguno, ya que el vetusto "fuero militar" no existe. En todo caso, conforme al mismo artículo 261 mencionado, "…La comisión de delitos comunes, violaciones de derecho humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios."

Lamentablemente, se aprecia una deficiencia en materia de Justicia Militar, por cuanto a pesar de la existencia de esta función y su correspondiente Derecho, es materia que no se estudia en ningún instituto educativo del país, salvo la recientemente creada especialización a nivel de postgrado en la UCV, con la cátedra de "Derecho y Justicia Militar". Esto, unido a la inadecuada, obsoleta e inconstitucional normativa del Código Orgánico de Justicia Militar, desfasado y sin actualización con la nueva Constitución y con su supletorio Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte, legos y versados juristas opinan, que los civiles no pueden ser juzgados por la justicia militar, invocando al "juez natural", que explican: "jueces civiles para civiles y militares para los militares". ¡Se equivocan!, toda vez que la figura del juez natural es muy clara. Dice el numeral 4. del Art. 49 de la CRBV: "Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales,…" y el artículo 7. del COPP dice: "Toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos penales corresponde exclusivamente, a los jueces y tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes con anterioridad al hecho objeto del proceso."

Quedan claros los siguientes conceptos: 1) El juez es al objeto del proceso (delito), según sea este ordinario o especial, de donde se derivan las jurisdicciones; no a la persona (delincuente); 2) La jurisdicción penal militar es una jurisdicción especial, pero los tribunales ad hoc especiales o accidentales, solo actúan en situaciones de guerra, como los contempla el COJM, no son naturales en tiempo de paz; 3) No existe el fuero en atención a la persona; 4) La CRBV califica la materia de Orden Público como de "carácter civil", por lo tanto, cualquier órgano que cumpla la función tiene carácter civil; 5) La GN tiene como responsabilidad básica conducir las operaciones para el mantenimiento del Orden Interno del país. Según la Exposición de Motivos de la CRBV, no es Orden Público; 6) La Jurisdicción Penal Militar es una jurisdicción especial para juzgar solo delitos de naturaleza militar, que solo pueden cometerse en situaciones de guerra o contra instalaciones militares preexistentes para la defensa nacional. No debe confundirse el Derecho Penal Militar con el Derecho Militar Disciplinario, que es solo para militares en servicio activo; 7) Por no existir la especialización jurídica correspondiente, los jueces y fiscales militares son abogados sin formación especializada en la materia, por lo que improvisan ateniéndose al COJM vigente, que adolece de desactualización conforme a lo establecido en el artículo 261 de la CRBV; 8) La aplicación de la Justicia Militar en operaciones de orden público denota ignorancia supina; y calificar de "ataque al centinela" (Art. 501 al 503 COJM) la reacción de los manifestantes al abuso y al absurdo uso de las armas y de la fuerza es igualmente una desmesura. El centinela es un puesto de servicio de guardia o vigilancia que cumple un militar para proteger el material o personas en instalaciones militares. En caso de violación delictual por parte de manifestantes o represores, en ambos casos procede la justicia ordinaria.

En Caracas a los 3 días del mes de junio de 2017

Directorio del Foro Militar Venezolano:

Director Ejecutivo: G/D Enrique Prieto Silva; Director Principal: G/B Juan Antonio Herrera Betancourt; Director Principal; V/A Rafael Huizi Clavier ; Director Principal; Cnel. César J. Sánchez León; Director Principal: G/D Fernando Ochoa Antich; Director Principal: V/A Jesús Enrique Briceño García; Director Principal: G/B Humberto Seijas Pittaluga; Director Principal: G/B Eduardo Arturo Caldera Gómez; Consultor Jurídico: Prof. Dr. Manuel Espinoza Melet; Secretario de Educación y Divulgación: Cnel. Néstor Contreras Pineda; Secretario de Seguridad Social: Cnel. Manuel A. Ledezma Hernández; Secretario de Informática, Afines y Publicidad: MgSc Juan Fernando Moreno.

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